El Pleno acordó que los incrementos sean mayores para quienes tengan un consumo excesivo y recuerda que este año se compra el agua a Emproacsa un 22% más cara
El Pleno del Ayuntamiento de Montilla acordó aceptar la propuesta aprobada desde Aguas de Montilla en relación a la actualización de un 7% de la ordenanza reguladora de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales de cara al año 2025.
Un incremento de los precios que contó con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, que aceptan como inevitable esta subida para equilibrar las cuentas de la empresa Aguas de Montilla, tras un año en el que la entidad compra el agua a Emproacsa, dependiente de la Diputación de Córdoba, un 22% más cara.
La presidenta de Aguas de Montilla, Lidia Bujalance, explicó que, con todo, esta subida se llevará a cabo de forma no lineal, de modo que las facturas de aquellas familias y empresas que tengan un consumo bajo se incrementarán por debajo de ese 7% frente a quienes acrediten un consumo excesivo, que tendrán mayor recargo en la tarifa.
Describió que “se ha tomado tal decisión pensando exclusivamente en generar aquellos recursos que permitan cubrir los gastos del servicio de suministro de agua”, en un momento en el que “se anuncia desde la empresa provincial, Emproacsa, que para el año 2025 el precio del agua en alta, que compra Aguas de Montilla, también se verá ampliado en un porcentaje similar al 22% de este 2024”.
Desde el Partido Popular, su portavoz, Federico Cabello de Alba, comentó que “la fórmula elegida de subida progresiva, penalizando a los consumos excesivos y beneficiando los razonables, nos parece la más adecuada”, recordando que la empresa Aguas de Montilla es una empresa que “no da beneficios, donde se trabaja con lo comido por lo servido”.
En iguales términos se expresó la portavoz de Izquierda Unida, Rosa Rodríguez, para quien es importante que “con el nuevo precio de la ordenanza, Aguas de Montilla consigue hacer frente al aumento de los gastos de personal, mantiene sus inversiones en la red para ofrecer un servicio de calidad, también en términos ambientales, y conserva su fondo social de garantía para ayudar a aquellas familias que por sus circunstancias no puedan acometer el pago de sus recibos”.