Rosa María Rodríguez, parlamentaria andaluza por Córdoba, y María Luisa Rodas, portavoz municipal de IU en Montilla, han respaldado la convocatoria y denunciado las dificultades para acceder a una vivienda digna, el encarecimiento de los alquileres y la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras.
Izquierda Unida, el Partido Comunista y Por Andalucía han anunciado su apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por el Sindicato de Inquilinas y distintas organizaciones sindicales y sociales. En una rueda de prensa, ambas representantes han animado a la ciudadanía y a la clase trabajadora a sumarse a esta movilización en defensa del derecho a la vivienda y de unas condiciones de vida dignas.
La parlamentaria Rosa María Rodríguez ha denunciado que tener un empleo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni afrontar los gastos básicos. La parlamentaria ha señalado el incremento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, reclamando un mayor impulso a la vivienda pública y medidas para regular los precios.
Como ejemplo, ha citado el incremento medio del 7,7% registrado en los alquileres de Córdoba durante el último año y ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Gobierno andaluz en esta materia.
Por su parte, María Luisa Rodas ha trasladado estas reivindicaciones al ámbito local, poniendo el foco en las dificultades de los jóvenes para independizarse y acceder a una vivienda, así como en el esfuerzo económico que supone para muchas familias afrontar los gastos de los estudios universitarios de sus hijos.
La portavoz municipal ha defendido la necesidad de limitar los precios de los alquileres y evitar los desahucios de familias vulnerables. Asimismo, ha animado a participar en la movilización prevista en Córdoba el 11 de noviembre, a las 17:30 horas, con salida desde la Plaza de la Constitución, junto a la Subdelegación del Gobierno, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
La convocatoria pretende también denunciar el encarecimiento de los productos básicos, los combustibles y los suministros, y reclamar salarios dignos, servicios públicos fuertes y una distribución más justa de la riqueza.
