Llamas destaca que la recaudación por habitante se sitúa por debajo de la media provincial y defiende que esta política ha permitido mantener los servicios públicos, aumentar las inversiones y reducir la deuda municipal del 84 % al 6-8 % del presupuesto
El alcalde, Rafael Llamas, y la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, han comparecido en rueda de prensa para valorar la reciente aprobación de las ordenanzas fiscales y de precios públicos para 2027. Durante su intervención, Llamas ha defendido la política de contención fiscal seguida por el Ayuntamiento durante la última década y ha destacado que el municipio se sitúa actualmente por debajo de la media provincial en recaudación de impuestos por habitante, una evolución que ha sido compatible con el mantenimiento de los servicios públicos, las inversiones y la reducción de la deuda municipal.
La comparecencia se produce mientras el Área Económica trabaja en la elaboración del próximo presupuesto municipal. El regidor ha defendido un modelo de gestión que busca contener la carga fiscal de la ciudadanía sin comprometer la calidad de los servicios ni la capacidad inversora del Consistorio.
El alcalde ha recordado que «Montilla se encontraba en 2015 entre los municipios de la provincia con mayores tasas e impuestos y que actualmente está por debajo de la media provincial en recaudación por habitante». Según los datos municipales, la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se sitúa en unos 267 euros por habitante, frente a los 274 euros de media de los municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes. En el conjunto de los impuestos municipales, Montilla registra 368 euros por habitante, frente a los 385 euros de media provincial.
Ha atribuido esta evolución a «un gran esfuerzo desde el Ayuntamiento por contener los impuestos, adaptar nuestras tasas y seguir prestando servicios de calidad», una política que, según ha indicado, se ha desarrollado junto a un importante volumen de inversiones y una reducción de la deuda municipal.
En concreto, ha señalado que la deuda representaba el 84 % del presupuesto en 2015 y que actualmente se sitúa entre el 6 % y el 8 %.
En referencia a la petición del Partido Popular de rebajar los impuestos, ha defendido que estas propuestas deben tener en cuenta los recursos necesarios para mantener los servicios municipales. Como ejemplo, ha apuntado que el Ayuntamiento destina unos 276 euros por habitante a servicios sociales, frente a los aproximadamente 267 euros que recauda por persona a través del IBI.
En este sentido ha recordado que los ingresos municipales también contribuyen a financiar instalaciones deportivas, caminos rurales, espacios públicos y actividades culturales, y ha advertido de la necesidad de valorar el impacto que una reducción de ingresos podría tener sobre estas prestaciones.
Impuestos congelados y subida del 8 % en la tasa de basura
Por su parte, Antonia Ramírez ha recordado las principales medidas incluidas en las ordenanzas para 2027, que mantienen congelados los principales impuestos municipales: el IBI, el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la plusvalía y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. También se mantienen las bonificaciones vigentes y no se incrementará el recibo del agua.
La principal modificación será el incremento del 8 % en la tasa de recogida de residuos, para cubrir el coste del servicio conforme a las exigencias legales. El Ayuntamiento señala que esta subida es inferior a los incrementos del 40 % y del 10 % aplicados en las dos últimas anualidades en los municipios integrados en Epremasa. Además, se mantienen las bonificaciones destinadas a fomentar el reciclaje y la separación de residuos.
También se actualizarán algunos precios deportivos, especialmente los relacionados con las piscinas municipales de verano. El abono de temporada aumentará dos euros por persona, mientras que otras tarifas deportivas registrarán pequeños incrementos, de alrededor de un euro en algunos casos, debido al encarecimiento de los costes laborales y de las materias primas.
Por último, tanto el alcalde como la teniente de alcalde han reclamado una mayor financiación de la administración central y autonómica para que los ayuntamientos puedan atender las necesidades ciudadanas y asumir las competencias que prestan desde el ámbito local.
